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Avanzando progresivamente

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Rodolfo Ramírez, Director de Vivienda y Asentamientos Humanos de Hábitat para la Humanidad LAC

Por Yolanda Hernández*

Prácticamente todos los países en América Latina y el Caribe han demostrado su reconocimiento de la vivienda como un derecho humano con su firma en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en acuerdos similares de la Organización de Estados Americanos. Algunos también han incorporado el derecho a la vivienda en sus constituciones. Pero más allá de la tinta y el papel, ¿qué pasos concretos han tomado las naciones de la región para apoyar significativamente su palabra?

Según Rodolfo Ramírez Soto**, Director de Vivienda y Asentamientos Humanos de Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe, muchos países han diseñado e implementado una gama de políticas para promover el derecho a la vivienda dentro de sus fronteras. Sin embargo, señala Ramírez, muchas veces estas políticas son diseñadas para acomodar un segmento general de la población y no analizan las condiciones específicas de ciertos segmentos, como los más necesitados.

Encabezando la lista de estrategias adoptadas para alcanzar a las comunidades más pobres están los subsidios. Existen en países como Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia. “No es un regalo, ni una limosna”, declara Ramírez. “Es un mecanismo a través del cual la sociedad reconoce que la vivienda es un derecho…A la misma vez, reconoce que hay integrantes de la sociedad que no tienen por otros medios acceso a este derecho”.

Uno de los países que más se destaca por definir e implementar políticas efectivas de vivienda es Brasil. Ramírez atribuye el éxito del país suramericano a su promoción de la participación de todos los miembros de la sociedad. Representantes de comunidades marginadas, comerciantes, constructores, organizaciones no gubernamentales y funcionarios, entre otros, se unen para formar estrategias. “El resultado son políticas creadas que son más apropiadas para la realidad de Brasil y, especialmente, para los más vulnerables”, dice el director en AL/C. Ramírez también menciona que este consejo participativo fomenta más transparencia y responsabilidad en la implementación de las políticas habitacionales.

Otro reflejo de la importancia que Brasil otorga a este derecho es el volumen de recursos financieros que coloca a disposición de sus políticas de vivienda. “No es suficiente diseñar mecanismos”, dice Ramírez. Cada gobierno brasileño a nivel federal, estatal y municipal invierte fondos públicos de sus presupuestos en programas de vivienda.

Ramírez también aprecia el apoyo que Brasil ofrece a la participación comunitaria en la construcción, un característica clave de América Latina y el Caribe. Según él, las familias que unen sus recursos son las que construyen la mayoría de las casas en la región, y no el gobierno o el mercado. “Es una realidad que no se debe parar ni limitar. Se debe permitir y apoyar, como en el caso de Brasil”, opina Ramírez.

Mientras que gobiernos, como el de Brasil y otros, trabajen por mantener su compromiso al derecho a la vivienda, las estadísticas de la vivienda inadecuada señalan la inmensidad de este desafío. Ramírez reconoce las limitaciones de los gobiernos, incluyendo sus recursos finitos y sus intereses competitivos. Sin embargo, refiriéndose a un folleto de la ONU, él subraya que las responsabilidades y los resultados de los gobiernos se logran “progresivamente” y no de inmediato. Aunque este proceso cree una falta de satisfacción completa, dice Ramírez, también indica que este compromiso no es solo del Estado si no de toda la sociedad. “Es nuestra responsabilidad atender y crear las condiciones para que el derecho sea realizado en plenitud”, afirma Ramírez.


*Yolanda Hernández fue escritora y editora de Hábitat para la Humanidad LAC. Hoy se desempeña como escritora independiente.

**Rodolfo Ramírez es de nacionalidad costarricense. De profesión Arquitecto y Especialista en Desarrollo Urbano con más de 20 años de experiencia laboral.


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