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Cómo progresar con éxito

Por Yolanda Hernández

La mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, si no todos ellos, han demostrado su compromiso con la vivienda como un derecho humano esencial firmando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y acuerdos similares de la Organización de los Estados Americanos. Algunos también han incorporado el derecho a una vivienda en sus constituciones. Sin embargo, más allá de lo escrito, ¿qué medidas concretas han tomado las naciones en la región para respaldar suficientemente los acuerdos?

De acuerdo con Rodolfo Ramírez Soto, el Director de Vivienda y Asentamientos Humanos para HFH América Latina y el Caribe (AL/C), muchos países han formulado y adoptado una amplia gama de políticas para promover el derecho a la vivienda dentro de sus fronteras. Sin embargo, advierte, a menudo estas políticas están previstas para acomodar segmentos amplios y generales de la población. En consecuencia, se pasan por alto las condiciones específicas de ciertas comunidades, entre ellas las más carenciadas.

Entre las estrategias adoptadas para llegar a las comunidades más paupérrimas, hay programas de subsidio que encabezan la lista y existen en Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia. "No es ni un regalo ni una forma de caridad", declara Ramírez. “Es un mecanismo por el cual la sociedad reconoce que la vivienda es un derecho. …Al mismo tiempo, reconoce que hay miembros de la comunidad que no tienen acceso a este derecho por otros medios”.

Quizás el precursor en la región en cuanto a la formulación y ejecución de políticas eficaces de vivienda es Brasil. Ramírez atribuye el éxito de la nación sudamericana en la afirmación de los derechos a la vivienda a su estructura singular de toma de decisiones, la cual incluye la participación de todos los miembros de la sociedad. Los representantes de comunidades marginadas, los sectores empresariales y de finanzas, las ONG y el gobierno, todos juntos se ponen de acuerdo para formular estrategias. “Como resultado, las políticas creadas son más apropiadas para la realidad del Brasil y, en particular, para los más vulnerables”, dice el director de AL/C. También menciona un mayor grado de transparencia y responsabilidad como beneficios adicionales de este consejo participativo.

Otra reflexión sobre la sólida postura de Brasil sobre el derecho a la vivienda es el volumen de fondos que asigna a la ejecución de sus políticas afines. “No es suficiente diseñar mecanismos”, declara Ramírez. Tanto el gobierno federal, estatal como municipal en Brasil asignan fondos en sus presupuestos para sostener sus programas de vivienda.

Ramírez también alaba el apoyo prestado por Brasil a la participación comunitaria en el proceso de construcción, un elemento clave de la vivienda en Latinoamérica y el Caribe. Dice que las familias que aúnan sus recursos construyen la amplia mayoría de las viviendas en la región, en vez del gobierno o el mercado. "Es una realidad que no se debe detener ni limitar; sino que debe ser permitida y promovida; eso es lo que Brasil está haciendo”, según Ramirez.

Aunque hay gobiernos, como Brasil y otros, que se esfuerzan para mantener su compromiso con una vivienda digna como derecho humano, las estadísticas sobre las viviendas precarias expresan con sobriedad la magnitud de la tarea. Ramírez reconoce las limitaciones de los gobiernos, entre ellos recursos contados e intereses competitivos. Sin embargo, haciendo referencia a un folleto de la ONU, destaca que las responsabilidades, las acciones y los resultados de los gobiernos están previstos para ocurrir "progresiva", en vez de inmediatamente. Ramírez explica que aunque este proceso crea una falta de satisfacción completa, este compromiso no corresponde solamente al gobierno, sino también a la sociedad en su conjunto. “Es nuestra responsabilidad crear – y ocuparnos de - las condiciones que permitirán al derecho a la vivienda alcanzar su potencial pleno”, dice Ramírez.

Rodolfo Ramírez es Director del departamento de Vivienda y Asentamientos Humanos de Hábitat para la Humanidad en Latinoamérica y el Caribe. Se graduó en arquitectura y urbanización.

Con una experiencia mayor a 20 años, se desempeñó en diversos puestos, entre ellos como director de planificación, consejero de desarrollo humano; director de proyectos especiales; director general de coordinación para el Ministro de Trabajo; y asesor del Presidente de la Legislatura del estado de Pernambuco, Brasil. También fue cónsul general de la República de Costa Rica en Pernambuco, así como el coordinador y cofundador del Movimiento Comunitario y la Comisión Ecológica Urbana de Pernambuco.

Yolanda Hernández es una escritora independiente para HFH en Latinoamérica y el Caribe.