El derecho a una vivienda adecuada: del derecho a la práctica -- Habitat for Humanity Int'l 1

El derecho a una vivienda adecuada: del derecho a la práctica

Por Claude Cahn

Como resultado de las iniciativas de muchos interesados en los últimos veinte años, el derecho a una vivienda adecuada es probablemente el derecho humano más detallado en el sistema de derecho internacional de la ONU. Sin embargo, es difícil garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todos en un mundo donde hay grandes diferencias entre los ricos y los pobres, y donde los gobiernos ignoran sus obligaciones de derechos humanos internacionales.

Con mucha frecuencia, se considera que el derecho a una vivienda adecuada está originado en el Artículo 11(1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual enumera "la vivienda" entre los componentes que garantizan un nivel de vida digno. En 1991, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU adoptó su Comentario General no. 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, lo que estableció un marco para este derecho. El Comentario General no. 4 enumera siete criterios, los cuales se comentan en detalle, de acuerdo con los cuales se entiende que una vivienda es adecuada: la seguridad legal del régimen de propiedad; la disponibilidad de servicios; la condición de asequible; la habitabilidad; la accesibilidad; la ubicación; y la suficiencia cultural.1 El Comité complementó el Comentario General no. 4 con el no. 7, en particular sobre la relación entre el derecho a una vivienda adecuada y el problema de los desalojos forzosos. En el Comentario General no. 7 el Comité sostuvo que "los desalojos forzosos son incompatibles prima facie con las disposiciones del Pacto“,2 es decir, todo desalojo es sumamente cuestionable debido a las obligaciones impuestas por el Pacto a un estado, y su legalidad debe ser sometida a un estricto escrutinio.

Los Comentarios Generales no. 4 y 7 se han convertido en la norma mundial en el contexto del derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, los organismos regionales han desarrollado ciertos aspectos del marco legal sobre derechos humanos mientras se ocupan de los aspectos particulares de su ejecución. Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual aplica la Convención Europea de Derechos Humanos (un documento que carece de una garantía explícita del derecho a una vivienda adecuada) ha interpretado los aspectos del derecho a una vivienda con respecto al derecho a la privacidad, la vida familiar y el goce pacífico de las posesiones de una persona, entre otros. Por el contrario, la Comisión Africana sobre los Derechos del Hombre y los Pueblos ha ampliado el derecho individual a una vivienda adecuada a uno colectivo.

En la práctica, aunque el derecho internacional se ha ampliado en esta área, se lograron victorias principalmente en las falencias. Lo que es favorable, es que los tribunales de derecho internacional han intervenido para castigar a los gobiernos que violan flagrantemente los derechos a una vivienda. Por ejemplo, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha dictaminado que tres estados, Bulgaria, Grecia e Italia, son culpables de violar sistemáticamente el derecho del pueblo Rom a una vivienda adecuada. La Corte Europea de Derechos Humanos dictaminó que Rumania, Rusia, España y Turquía infringen la Convención Europea, porque permiten que personas sean expuestas a condiciones ambientales degradantes cerca de sus casas. La Comisión Africana determinó que Nigeria infringe la Carta Africana sobre los Derechos del Hombre y los Pueblos a consecuencia de una degradación ambiental sistémica en Ogoniland.

Sin embargo, las condiciones generales de las viviendas en el mundo han empeorado notablemente, en todo caso, en los últimos veinte años debido a situaciones fuera del alcance de los tribunales internacionales. Uno de los problemas es el crecimiento masivo de las barriadas en la periferia de las ciudades, debido, entre otros factores, a la presión creada por las personas que abandonan las zonas rurales para trasladarse a las ciudades, donde las autoridades no proveen condiciones apropiadas. En las últimas décadas, se ha observado la generación de barriadas gigantescas en torno a ciudades como Nueva Delhi, Río de Janeiro, Abuja y otras. El fracaso del comunismo ha desencadenado del mismo modo un empeoramiento masivo en el área de la vivienda en todos los países post-comunistas.

Un examen más atento de las condiciones que conducen a la violación del derecho a una vivienda revela que en muchos, si no en la mayoría de los casos, esto se debe al fracaso de las políticas. Aunque los gobiernos pueden garantizar que el derecho a una vivienda sea ejercido por todos, en muchos casos sus prioridades están concentradas en otras áreas. No obstante, hay acontecimientos positivos en algunos países. Por ejemplo, Escocia ha convertido en ley la obligación positiva para las autoridades públicas de evitar que la gente viva en la calle. En Hungría, cuando las autoridades locales comenzaron a asignar pocas casas del sistema de vivienda administrado públicamente de acuerdo con criterios arbitrarios, el Tribunal Constitucional intervino y decretó que "se deben asignar estas casas de acuerdo con criterios sociales". Lamentablemente, los tribunales húngaros no han podido impedir la liquidación de las viviendas del sistema, una de las principales causas de origen del problema de falta de casas en el país.

Un obstáculo particular al progreso es la opinión generalizada que los derechos socio-económicos no son “derechos reales”. Hasta hace poco tiempo, las principales organizaciones de derechos humanos no abordaban los problemas del derecho a la vivienda, y algunas de ellas todavía lo hacen solamente en forma parcial o renuente. Durante décadas, los estados han ratificado los compromisos para convalidar los derechos humanos, pero los responsables se han enfocado en otras prioridades. Es hora de cambiar las cosas.

Claude Cahn es el Jefe de la Unidad de Defensoría de la Causa del Centro para el Derecho a la Vivienda y los Desalojos (Centre on Housing Rights and Evictions - COHRE), una iniciativa mundial para el derecho a la vivienda, con sede social en Ginebra (www.cohre.org). Entre 1996 y 2007, fue el director del Centro Europeo para los Derechos del Pueblo Rom (ERRC), una organización jurídica internacional de interés público que trabaja para poner fin a la violación sistémica de los derechos del pueblo Rom (“gitanos") en Europa.

Las áreas de experiencia de Cahn incluyen la gestión de la misión y la causa, instituciones internacionales, leyes y políticas sobre derechos humanos, metodologías de monitoreo, análisis de leyes y políticas, alcance comunitario y cuestiones relacionadas con las comunidades romaní. Sus logros principales en el ERRC incluyen la formulación de una política en la Unión Europea sobre los problemas del pueblo Rom; la redacción de una ley europea de derechos humanos en el ámbito del derecho a la vivienda; la obtención de una compensación justa a las víctimas de una esterilización forzosa; y la movilización de un número de países de Europa Central y Oriental para adoptar una política de de abolición de la segregación racial en las escuelas. Su dirección de correo electrónico es claudecahn@cohre.org.


1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Comentario General no. 4, párrafo 7. Sexta Sesión, 1991.
2 “Comentario General No. 7 (1997), El derecho a una vivienda adecuada (Art. 11(1) del Pacto): Desalojos forzosos”, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU el 20 de mayo de 1997, contenido en el documento de la ONU E/1998/22, anexo IV.